EXTRACTOS DOCUMENTO ELABORADO CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL
Nuestro país ha experimentado un triple proceso de crecimiento, diversificación y aumento de la oferta en educación superior. Cuenta hoy con un sistema cuya cobertura bruta se acerca ya al umbral del 40%, ampliándose, cada vez más, la matrícula de quienes se encuentran en edad de asistir a ese nivel educacional, y posee una plataforma institucional de oferta de índole mixta, pública y privada, compuesta por 228 instituciones que ofrecen más de seiscientos cincuenta mil cupos a estudiantes en programas que van desde alternativas vocacionales y técnicas hasta el doctorado.
En una palabra, Chile ha transitado desde un sistema de educación superior elitista y homogéneo, con financiamiento estatal en base a rentas generales, a uno masivo, diversificado y que se financia, ante todo, con recursos privados distribuidos mediante mecanismos de mercado.
En la actualidad, la educación superior en Chile es provista por 61 universidades, 25 de las cuales forman parte del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, 43 institutos profesionales privados, y 105 centros de formación técnica privados. En total, 209 instituciones que en 444 sedes a lo largo del país matricularon en el año 2006 a cerca de 650 mil estudiantes. Más del 90% de las instituciones de educación superior en Chile son privadas y
aproximadamente 70% de los alumnos, está inscrito en instituciones privadas.
A estas instituciones, se suman las 19 entidades de educación superior de la Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, de 1990 (LOCE), otorgan títulos técnicos, profesionales y grados académicos a cerca de 8.800 alumnos que se forman en ellas en las disciplinas propias de su misión.
Desde el punto de vista jurídico, las universidades estatales son personas jurídicas de derecho público creadas y organizadas por ley. Las universidades privadas, por su parte, deben organizarse como corporaciones o fundaciones, es decir, como personas jurídicas sin fines de lucro, a excepción de las universidades católicas creadas al amparo de la personalidad jurídica de la Iglesia. Los institutos profesionales y centros de formación técnica, en cambio, están autorizados por la LOCE para organizarse como personas jurídicas sin fines de lucro o como organizaciones lucrativas. Sin embargo, la gran mayoría se organiza de esta última forma, hasta el punto de que sólo el 19% de los institutos profesionales y menos del 10% de los centros de formación técnica están constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro.
Las universidades estatales o públicas son 16. Las restantes son privadas.
Aunque, entre éstas se encuentran 9 universidades—seis católicas y tres seculares—que reciben aportes financieros directos del Estado e integran, junto con las estatales, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Entre las universidades estatales cabe distinguir entre aquellas llamadas originarias (Universidad de Chile y Universidad de Santiago de Chile, ex
Universidad Técnica del Estado) y aquellas que derivaron de esas dos, las cuales suman 14. Dos de estas 14 se encuentran en Santiago y las 12 restantes tienen su sede central en regiones distintas de la metropolitana.
Las universidades estatales regionales, las universidades privadas regionales existentes desde antes del año 1981, así como un tercer grupo de instituciones privadas de la misma índole creadas con posterioridad, constituyen una matriz que hoy ofrece educación a más de ciento sesenta mil estudiantes si se consideran nada más las instituciones acreditadas y de doscientos un mil setecientos sesenta y siete si se consideran todas. Algunas de estas instituciones desarrollan programas de postgrado e investigación básica y aplicada, lo que les ha permitido constituirse en actores claves en el desarrollo de las regiones donde se ubican.
Además de las 9 universidades privadas que cuentan con aportes directos del Estado, hay 36 universidades también privadas -entre las que hay autónomas y otras en proceso de licenciamiento- que son aquellas que, sin recibir aportes directos del Estado, se encuentran organizadas como corporaciones y fundaciones de derecho común.
El sistema en su conjunto ha sido sometido a un proceso de acreditación que muestra resultados disímiles en el nivel de calidad de las instituciones. Cabe destacar que de las 76 instituciones de todos los niveles que se han sometido a los procesos de acreditación, 7 se encuentran aún en proceso y un total de 12 no han logrado certificar su calidad mediante este mecanismo.
Las instituciones no acreditadas son: Universidad Adventista de Chile, Universidad Bolivariana, Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS*, Universidad de la Informática*, Universidad de las Américas*, Universidad del Mar*, Universidad de la República, Universidad Pedro de Valdivia*, Universidad Tecnológica Metropolitana*, Instituto Profesional Diego Portales, Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente, Centro de Formación Técnica
IPROSEC (*En proceso de reposición/apelación).
Existe una amplia variedad de instituciones en el área y la inversión privada en el sector se ha incrementado; pero ese proceso de desregulada diversificación arriesga el peligro de dejar entregada a la mera espontaneidad, y sin coordinación suficiente el desarrollo del sistema de educación superior chileno.
La abundante oferta de distintos programas académicos es un resultado valioso de la autonomía que ha de reconocerse a las instituciones a la hora de cultivar las disciplinas que enseñan; pero ello exige, al mismo tiempo, que el Estado cautele la calidad de la oferta en la enseñanza superior la que, atendidas las importantes asimetrías de información entre ellas, las instituciones reguladoras y los estudiantes, también puede ser fuente de frustraciones y de severas ineficiencias. Esto es particularmente sensible, ya que hoy, de acuerdo a los datos INDICES 2007 y CNAP hay más de 200.000 estudiantes, que equivalen al 31% de la matrícula, que cursan estudios en instituciones no acreditadas.
El aumento de la cobertura ha permitido, hasta ahora, una mayor inclusión a la educación superior de sectores sociales históricamente excluidos; pero ese proceso no seguirá expandiéndose si la sociedad civil y especialmente el Estado, junto con asegurar la igualdad de oportunidades en el sistema escolar, no hacen mayores esfuerzos, que los que hasta ahora han desplegado, por remover las múltiples barreras de entrada y de permanencia que todavía existen en el sector para jóvenes que se encuentran en posiciones sociales desventajadas.
En el sistema que se acaba de describir se educan hoy una cifra que se estima cercana a los 700.000 chilenos y chilenas.
La proporción de jóvenes de 18 a 24 años pertenecientes al I y II quintil en el total de quienes han accedido a la educación superior en el lapso que media entre 1990 y el 2006 ha pasado de 4.9% a 9.5% y de 10.3 a 13.7% respectivamente. En ese mismo lapso, la participación del quintil más rico en esa misma cohorte, disminuyó de 39.2 a 30.3%.
Cerca del setenta por ciento de quienes asisten hoy a una institución de educación superior en Chile, son hijos de padres que nunca asistieron a ese nivel educacional.
El Consejo es de la opinión que la masificación del sistema debe ir acompañada de medidas que aseguren una efectiva igualdad en el acceso y la permanencia en el sistema y de una provisión de calidad por parte de todas las instituciones.
De otra forma, la masificación –es decir, la incorporación de sectores hasta ahora excluidos- seguirá reproduciendo las desigualdades en vez de corregirlas.
Nuestro sistema educativo presenta graves defectos que sería torpe ocultar; pero así y todo ha logrado romper la rutina de la exclusión. Hoy día -en condiciones, es cierto,
muy disímiles y con grados de rendimiento que es urgente mejorar ,prácticamente todos nuestros niños y jóvenes poseen un lugar en la escuela. La expectativa de escolarización para una niña o niño de 5 años de edad alcanza hoy en Chile a 15 años de duración, sólo una fracción por debajo de aquella que prevalece en el promedio de los países de la OCDE, donde alcanza a 15,8 años.
Nuestro país ha experimentado un triple proceso de crecimiento, diversificación y aumento de la oferta en educación superior. Cuenta hoy con un sistema cuya cobertura bruta se acerca ya al umbral del 40%, ampliándose, cada vez más, la matrícula de quienes se encuentran en edad de asistir a ese nivel educacional, y posee una plataforma institucional de oferta de índole mixta, pública y privada, compuesta por 228 instituciones que ofrecen más de seiscientos cincuenta mil cupos a estudiantes en programas que van desde alternativas vocacionales y técnicas hasta el doctorado.
En una palabra, Chile ha transitado desde un sistema de educación superior elitista y homogéneo, con financiamiento estatal en base a rentas generales, a uno masivo, diversificado y que se financia, ante todo, con recursos privados distribuidos mediante mecanismos de mercado.
En la actualidad, la educación superior en Chile es provista por 61 universidades, 25 de las cuales forman parte del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, 43 institutos profesionales privados, y 105 centros de formación técnica privados. En total, 209 instituciones que en 444 sedes a lo largo del país matricularon en el año 2006 a cerca de 650 mil estudiantes. Más del 90% de las instituciones de educación superior en Chile son privadas y
aproximadamente 70% de los alumnos, está inscrito en instituciones privadas.
A estas instituciones, se suman las 19 entidades de educación superior de la Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, de 1990 (LOCE), otorgan títulos técnicos, profesionales y grados académicos a cerca de 8.800 alumnos que se forman en ellas en las disciplinas propias de su misión.
Desde el punto de vista jurídico, las universidades estatales son personas jurídicas de derecho público creadas y organizadas por ley. Las universidades privadas, por su parte, deben organizarse como corporaciones o fundaciones, es decir, como personas jurídicas sin fines de lucro, a excepción de las universidades católicas creadas al amparo de la personalidad jurídica de la Iglesia. Los institutos profesionales y centros de formación técnica, en cambio, están autorizados por la LOCE para organizarse como personas jurídicas sin fines de lucro o como organizaciones lucrativas. Sin embargo, la gran mayoría se organiza de esta última forma, hasta el punto de que sólo el 19% de los institutos profesionales y menos del 10% de los centros de formación técnica están constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro.
Las universidades estatales o públicas son 16. Las restantes son privadas.
Aunque, entre éstas se encuentran 9 universidades—seis católicas y tres seculares—que reciben aportes financieros directos del Estado e integran, junto con las estatales, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Entre las universidades estatales cabe distinguir entre aquellas llamadas originarias (Universidad de Chile y Universidad de Santiago de Chile, ex
Universidad Técnica del Estado) y aquellas que derivaron de esas dos, las cuales suman 14. Dos de estas 14 se encuentran en Santiago y las 12 restantes tienen su sede central en regiones distintas de la metropolitana.
Las universidades estatales regionales, las universidades privadas regionales existentes desde antes del año 1981, así como un tercer grupo de instituciones privadas de la misma índole creadas con posterioridad, constituyen una matriz que hoy ofrece educación a más de ciento sesenta mil estudiantes si se consideran nada más las instituciones acreditadas y de doscientos un mil setecientos sesenta y siete si se consideran todas. Algunas de estas instituciones desarrollan programas de postgrado e investigación básica y aplicada, lo que les ha permitido constituirse en actores claves en el desarrollo de las regiones donde se ubican.
Además de las 9 universidades privadas que cuentan con aportes directos del Estado, hay 36 universidades también privadas -entre las que hay autónomas y otras en proceso de licenciamiento- que son aquellas que, sin recibir aportes directos del Estado, se encuentran organizadas como corporaciones y fundaciones de derecho común.
El sistema en su conjunto ha sido sometido a un proceso de acreditación que muestra resultados disímiles en el nivel de calidad de las instituciones. Cabe destacar que de las 76 instituciones de todos los niveles que se han sometido a los procesos de acreditación, 7 se encuentran aún en proceso y un total de 12 no han logrado certificar su calidad mediante este mecanismo.
Las instituciones no acreditadas son: Universidad Adventista de Chile, Universidad Bolivariana, Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS*, Universidad de la Informática*, Universidad de las Américas*, Universidad del Mar*, Universidad de la República, Universidad Pedro de Valdivia*, Universidad Tecnológica Metropolitana*, Instituto Profesional Diego Portales, Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente, Centro de Formación Técnica
IPROSEC (*En proceso de reposición/apelación).
Existe una amplia variedad de instituciones en el área y la inversión privada en el sector se ha incrementado; pero ese proceso de desregulada diversificación arriesga el peligro de dejar entregada a la mera espontaneidad, y sin coordinación suficiente el desarrollo del sistema de educación superior chileno.
La abundante oferta de distintos programas académicos es un resultado valioso de la autonomía que ha de reconocerse a las instituciones a la hora de cultivar las disciplinas que enseñan; pero ello exige, al mismo tiempo, que el Estado cautele la calidad de la oferta en la enseñanza superior la que, atendidas las importantes asimetrías de información entre ellas, las instituciones reguladoras y los estudiantes, también puede ser fuente de frustraciones y de severas ineficiencias. Esto es particularmente sensible, ya que hoy, de acuerdo a los datos INDICES 2007 y CNAP hay más de 200.000 estudiantes, que equivalen al 31% de la matrícula, que cursan estudios en instituciones no acreditadas.
El aumento de la cobertura ha permitido, hasta ahora, una mayor inclusión a la educación superior de sectores sociales históricamente excluidos; pero ese proceso no seguirá expandiéndose si la sociedad civil y especialmente el Estado, junto con asegurar la igualdad de oportunidades en el sistema escolar, no hacen mayores esfuerzos, que los que hasta ahora han desplegado, por remover las múltiples barreras de entrada y de permanencia que todavía existen en el sector para jóvenes que se encuentran en posiciones sociales desventajadas.
En el sistema que se acaba de describir se educan hoy una cifra que se estima cercana a los 700.000 chilenos y chilenas.
La proporción de jóvenes de 18 a 24 años pertenecientes al I y II quintil en el total de quienes han accedido a la educación superior en el lapso que media entre 1990 y el 2006 ha pasado de 4.9% a 9.5% y de 10.3 a 13.7% respectivamente. En ese mismo lapso, la participación del quintil más rico en esa misma cohorte, disminuyó de 39.2 a 30.3%.
Cerca del setenta por ciento de quienes asisten hoy a una institución de educación superior en Chile, son hijos de padres que nunca asistieron a ese nivel educacional.
El Consejo es de la opinión que la masificación del sistema debe ir acompañada de medidas que aseguren una efectiva igualdad en el acceso y la permanencia en el sistema y de una provisión de calidad por parte de todas las instituciones.
De otra forma, la masificación –es decir, la incorporación de sectores hasta ahora excluidos- seguirá reproduciendo las desigualdades en vez de corregirlas.
Nuestro sistema educativo presenta graves defectos que sería torpe ocultar; pero así y todo ha logrado romper la rutina de la exclusión. Hoy día -en condiciones, es cierto,
muy disímiles y con grados de rendimiento que es urgente mejorar ,prácticamente todos nuestros niños y jóvenes poseen un lugar en la escuela. La expectativa de escolarización para una niña o niño de 5 años de edad alcanza hoy en Chile a 15 años de duración, sólo una fracción por debajo de aquella que prevalece en el promedio de los países de la OCDE, donde alcanza a 15,8 años.
