viernes, 13 de junio de 2008

PROTOCOLO ACUERDO CONCERTACION SOBRE LA EDUCACION


Protocolo gobierno-partidos de la Concertación para una educación pública de calidad
AVANCE Documentos
Los partidos de la Concertación postulamos que es deber del Estado garantizar la educación pública y mantener una
especial preocupación por ella, en el entendido de que se constituye sobre la base de la deliberación ciudadana y
democrática en un proyecto educativo que vela por la inclusión y la integración de la sociedad y las distintas visiones que
la conforman.

1. Asegurar igualdad de oportunidades, movilidad y cohesión social y fortalecimiento de la ciudadanía democrática a
través de una educación pública de excelencia.
El reciente Acuerdo suscrito por el Gobierno, la Alianza y la Concertación representa un avance muy relevante para la
educación chilena. Se trata de un paso significativo, que contribuye a fortalecer el rol del Estado sobre el sistema escolar,
creando una nueva institucionalidad pública para velar por calidad educativa en las escuelas y liceos.
Nuestra valoración del acuerdo no nos impide ver que existen otros temas relevantes en educación que están pendientes,
y que la Concertación debe ser capaz de abordar prontamente. Ello no tiene nada de extraño, pues la educación es un
tema que acompaña de manera permanente la preocupación y el debate de los países democráticos. En este sentido
nuestra preocupación dice relación con fortalecer y mejorar la calidad de la educación pública, lo cual creemos es una
responsabilidad ineludible del Estado y está en el ideario fundacional de la Concertación.
Nuestra renovada preocupación por la educación pública y nuestra aspiración a privilegiarla tiene que ver con el hecho de
que observamos que su existencia se encuentra cada vez más debilitada, en circunstancias que sostenemos que la
existencia de un sistema mixto requiere de una educación pública de calidad y fuerte, ya que la educación pública es la
única que garantiza absolutamente el ingreso sin discriminación a los establecimientos educacionales de los educandos,
facilitando con ello la integración, movilidad y cohesión social.
Tenemos especial preocupación por el actual proceso de administración municipal de nuestra educación pública. Las
conclusiones mas relevantes emanadas de las opiniones y percepciones expresadas en el Consejo Presidencial para la
Calidad de la Educación son las siguientes: los resultados de aprendizajes son bajos para todo el sistema; existe un
número importante de municipios con una débil institucionalidad para hacerse cargo de la educación; se encuentra
desacoplada la tarea administrativa (municipios) de la supervisión técnico-pedagógica (Mineduc); las exigencias sobre la
educación pública son mayores ya que esta no selecciona a sus alumnos, lo que le da mayor complejidad pedagógica por
concentrar una población más vulnerable y con menor capital cultural.
En este contexto, se verifica una persistente baja de la matrícula de la educación pública en los últimos años, lo que
observamos con gran preocupación. Así, pasados más de 25 años de municipalización de la educación, ha llegado el
momento de realizar una evaluación serena y profunda del resultado de este proceso.
Nuestro país requiere de una educación pública de calidad ya que ésta, en un sistema mixto, es un elemento
fundamental para garantizar el derecho a una educación de calidad a todos y un adecuado balance con el principio de
libertad de enseñanza. Por otra parte, dado que la educación pública posee muchas más obligaciones y exigencias
que la privada (entre otras gratuidad, inclusión, etc.), para ser ecuánime en el trato que da a ambas modalidades de
administración, el Estado debe prestar una atención privilegiada a la educación pública.
Por lo anterior, aquí y ahora y para que nuestros niños y jóvenes tengan acceso a las mejores oportunidades, debemos
privilegiar la educación pública y ponernos como meta futura e inmediata el que ésta alcance la excelencia.
2. Una necesidad nacional: Educación Pública de excelencia
Los partidos de la Concertación postulamos que es deber del Estado garantizar la educación pública y mantener una
especial preocupación por ella, en el entendido de que se constituye sobre la base de la deliberación ciudadana y
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democrática en un proyecto educativo que vela por la inclusión y la integración de la sociedad y las distintas visiones que
la conforman.
Valoramos a la educación pública porque es un proyecto que tiene en su centro la idea de que para cimentar la
democracia y construir la cohesión social es necesario que los niños y los jóvenes de diversas condiciones sociales,
credos religiosos, y visiones ideológicas puedan ser educados en un mismo espacio pedagógico. Si la libertad de
enseñanza permite una diversidad de proyectos educativos, la existencia de educación pública permite que la
diversidad del país pueda ser educada bajo un proyecto educativo común.
La educación pública es fundamental para asegurar la cohesión social y la equidad, ya que la escuela pública permite
garantizar la existencia de una oferta educativa inclusiva, igualitaria y no discriminatoria; además es la que asegura la
calidad del conjunto del sistema, por ello es gratuita y debe fortalecerse su existencia. Pedagógicamente tiene el valor de
educar en y para la diversidad social, por ello la existencia de un fuerte sistema de educación pública impide una
educación segregada.
La educación pública debe aportar decisivamente a la construcción y consolidación de la vida republicana. Siendo valiosa y
necesaria, la educación privada tiene como límite el propio proyecto educativo de una institución particular. Por su parte la
educación pública es aquella a través de la cual la sociedad define los parámetros básicos -sociales, curriculares,
culturales- que aspira a ver realizados en democracia, en el conjunto del sistema educativo.
Con el advenimiento de la sociedad del conocimiento y el proceso de globalización de la economía y la cultura, la
educación y en particular la pública, es una contribución vital en la constitución de identidad y sentido nacionales.
3. Cómo lograr a breve plazo una Educación Pública de excelencia
Las soluciones institucionales no son sencillas, y se han propuesto diversas alternativas como la asociación de
municipios, la administración en un nivel zonal, provincial o regional, o una combinación de estas alternativas. Estimamos
que todo proceso educativo debe estar vinculado con su entorno, por lo cual la presencia de una visión de cada región en
los currículos del respectivo territorio nos parece que podría hacer más factible una inserción de la educación pública en
esquemas descentralizados diversos como el regional o provincial, cuestión que se debe estudiar en profundidad.
Nuestro compromiso hoy como Concertación es evaluar a fondo el actual proceso de municipalización y proponer
alternativas en el curso de los próximos meses.
Por ello, junto con impulsar con lealtad y compromiso la aprobación del acuerdo recientemente suscrito con la oposición,
proponemos:
A. Conformar un equipo de trabajo encabezado por la Ministra de Educación con los partidos de la Concertación, para
desarrollar un Plan de Fortalecimiento de la Educación Pública. Dicho Plan contendrá, a lo menos, siete líneas de
trabajo:
i Redefinir la actual institucionalidad de dependencia municipal, abriéndose a nuevas alternativas de descentralización
que den mejor respuesta a la necesidad de una Educación Pública de excelencia, humanista, laica, gratuita e
integradora socialmente. Esta redefinición tendrá presentes los criterios que deben cumplir las entidades
administradoras de la educación pública como correctamente lo señaló el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad
de la Educación;
ii Definir mecanismos de financiamiento que permitan abordar problemas de desequilibrios financieros de la educación
pública y aseguren una buena gestión, estable y orientada a la calidad. Deberemos profundizar el desarrollo de acciones
de apoyo extraordinario, en la dirección de los ya anunciados por la Presidenta de la República en su discurso del 21 de
mayo de este año;
iii Iniciar a la brevedad un programa de reforzamiento y rescate de la identidad de la educación pública, orientado
particularmente a los liceos de todo el país. Este programa incluirá por ejemplo; iniciativas dirigidas a la incorporación de
tecnologías de la información en los establecimientos públicos;
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iv Comenzar una experiencia de organización institucional de la educación pública, que aunque a pequeña escala, nos
permita acumular la experiencia necesaria para acometer con realismo y evidencia empírica el desafío de transformar el
conjunto de esta modalidad de administración educativa. Concretamente se busca desarrollar una experiencia
descentralizada de Corporación Regional en alguna de las regiones extremas del país, donde por tamaño de las
comunas y número de alumnos, resulta aconsejable y razonable una estructura administrativa a una escala regional;
v. Implementar las medidas administrativas y los ajustes institucionales necesarios que permitan al Ministerio de
Educación, enfrentar los desafíos que en lo inmediato significará: la operación de la subvención preferencial, enfocándose
en la inmediata atención a los niños de las familias más vulnerables; el aumento general de la subvención, y; el plan de
apoyo para el mejoramiento de la gestión de la educación pública;
vi. Rediseñar institucionalmente el Ministerio de Educación para permitirle asumir adecuadamente en el mediano plazo el
nuevo marco regulatorio y, además su compatibilización con la nueva institucionalidad de la educación pública, e; vii.
Implementar medidas para asegurar que la modificación de los ciclos educativos propuesta en la reforma de la estructura
curricular, no tenga efectos negativos sobre la educación pública.
Las líneas de acción descritas deberán traducirse a más tardar en el plazo de un año, en uno o más proyectos de ley
que queden presentados al parlamento o programas que se inicien durante el 2008 y/o queden en marcha en el período
presidencial de la Presidenta Bachelet.
B. Junto a lo anterior y como complemento al esfuerzo de transformación institucional de la educación pública, nos
proponemos avanzar en:
i Crear las bases de una nueva carrera profesional docente, integrando en su definición al Colegio de Profesores. Esta
propuesta debe contribuir a la dignificación de la tarea docente. Al concluir la actual administración, nos proponemos dejar
avanzada esta iniciativa que se encuentra en su fase inicial, y;
ii Avanzar en la mejora de la calidad, solidez y robustez de los actuales sistemas de medición de la calidad de los
aprendizajes, buscando ampliar las dimensiones del aprendizaje que actualmente se miden, hacia otras que nos
permitan superar una mirada reduccionista de la calidad de la educación. Desarrollaremos experiencias durante este
gobierno que permitan que las mediciones nacionales, así como las que realizan las escuelas de los aprendizajes, den
cuenta de una mirada educativa más integral que la actual, incluyendo aspectos como la convivencia escolar, la
formación ciudadana o educación cívica, educación multicultural y el desarrollo de la personalidad de los alumnos.
4. Mejorar la Educación Pública es una contribución efectiva al propósito del acuerdo político suscrito con la oposición
Los partidos firmantes sostenemos con fuerza que lo propuesto en este Protocolo no resulta contradictorio con el
acuerdo alcanzado con la oposición, más aún viene a complementarlo, ya que el nuevo diseño de la Alta Dirección del
Sistema Educativo propuesto requerirá de definiciones equivalentes respecto de la base del sistema, en particular de la
Educación Pública y del rol de los profesionales de la educación como agentes fundamentales en el logro de una
educación de calidad.
Así también, para darle coherencia global al sistema educativo en todos sus niveles, buscamos dar respuesta al
conjunto de nuevos desafíos que enfrenta la educación superior chilena. Señalaremos claramente nuestro planteamiento
en esta materia, una vez conocido el informe final del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación
Superior.
5. La principal riqueza de Chile es su gente y una Educación Pública de calidad es la condición para garantizar igualdad
de oportunidades y una sociedad integradora socialmente
Para un Chile democrático y justo son inaceptables las desigualdades entre quienes asisten a sus escuelas, liceos o
colegios. Hoy no existen familias que desconozcan la importancia de que sus hijos estudien. Se trata ahora de asegurar
que la asistencia a la escuela o el liceo, cumpla con la finalidad para la cual las familias envían a ellas a sus hijos e hijas,
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que no es otra que desarrollen al máximo sus capacidades.
La tarea del momento es igualar con calidad las oportunidades y capacidades de aprender de los alumnos y alumnas.
Ello, porque su gente y no otra cosa es la principal riqueza de Chile.
La Concertación ha apostado y apuesta a la gente, por ello nuestras escuelas y liceos públicos pueden y deben ser
capaces de ofrecer una educación de primer nivel. Esto es un requisito para ser una nación de iguales y no una
comunidad estratificada, que tolera que sus miembros sean castigados por su origen de cuna. Es una misión central de
las escuelas y liceos públicos de nuestro país esmerarse en disminuir el peso de las diferencias inmerecidas, para que
todo niño, niña o joven pueda hacer florecer sus talentos. Ese y no otro, será un país más justo y una tierra de
oportunidades para todos sus hijos.
Yasna Provoste, Ministra de Educación
José Antonio Viera Gallo, Ministro Segpres.
Soledad Alvear, Presidente de la DC
Camilo Escalona, Presidente del PS
José Antonio Gomez, Presidente del PRSD
Sergio Bitar, Presidente del PPD.
23/11/2007
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PLAN REGULADOR COMUNAL

VISION TERRITORIAL DESDE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

A nuestros vecinos:

Quisiera exponer nuestra visión de desarrollo urbano, vivienda social, prevención y calidad de vida desde la organización social y su relación con los organismos del Estado que tienen directa incidencia en las políticas públicas.

El primer concepto comprometido por la autoridad local es el de superación de la pobreza, mejorar la calidad de vida, prevención de los factores de riesgo social y preservar el carácter residencial de la comuna.

Así, el planificador, para lograr este objetivo propuesto por la autoridad, pretende imponer su estrategia para poner en valor el suelo del territorio, modificando la ordenanza, liberando la normativa en lo que se refiere a altura de construcción, promoviendo la densificación, provocando la intervención del mercado inmobiliario (sujeto a la regla de la oferta y demanda) e incentivando la segregación social, condicionada al valor de la vivienda.

Como resultado, barrios con una alta densidad de población (400 a 2.000 habitantes por Ha.), carencia de equipamiento y servicios, el centro cívico ubicado en el mejor barrio de la comuna(Hoy, sin respaldo de un proyecto en el marco del bicentenario o inmobiliario privado), con el riesgo de generar conjuntos habitacionales con características propias de ghettos, más aún no existiendo una propuesta de recuperación de barrios, ( a excepción de la propuesta por el gobierno central del programa 200 barrios, que incluyeron Poblaciones tales como Las Lilas , Lo Valledor Norte y Nueva Villa Sur), de generación de nuevos equipamientos y de una ubicación definitiva de la infraestructura Municipal.

El proyecto de Plan Regulador no contempla las modificaciones necesarias en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) para facilitar el mejoramiento de vivienda en lo que se refiere a; ampliaciones en altura, maximización de la norma para utilización del terreno, regularización de ley de antejardines, materiales de construcción utilizados en las ampliaciones, etc..

La conectividad de la comuna se ve limitada por no existir una propuesta homologada con las comunas vecinas, no existiendo un trabajo de planificación del desarrollo urbano integral, generándose proyectos que luego deberán ser modificados o abandonados. (Ej: Parque Pablo Neruda versus ensanche Av. Clotario Blest. Ensanche de Avda. Lo Ovalle por conectividad con proyecto “Portal Bicentenario” de Cerrillos).

Desde el ámbito Medioambiental, no se observa ninguna propuesta. Nuestra comuna con una carencia de áreas verdes, de políticas Municipales que aborden el problema de la basura y acumulación de escombros, sin una política de fiscalización de instalaciones contaminantes (ruidos, olores, acústica, radiofrecuencia y polución).

El análisis del proyecto PLAN REGULADOR COMUNAL (PRC), nos indica que la sectorización utilizada para el diagnóstico de la realidad comunal, hace perder la visión de comuna, limitando la propuesta a definir sectores de la comuna en que se podrán desarrollar determinadas actividades sin considerar las implicancias de estas propuestas.

La vivienda en nuestra comuna tiene un gran valor para los pioneros que llegaron a ella a partir del año 1955, siendo la respuesta al derecho a la vivienda. La característica común es su calificación de vivienda social, acogida a la ley DFL 2 y que en su mayoría (84 %) está exenta de impuesto territorial, poblaciones emblemáticas como Dávila y Villa Sur siguen siendo un modelo no superado en cuanto a calidad de la vivienda, metros cuadrados de terreno y su equipamiento (anchos de calles, lugares para áreas verdes y comercio). Esta situación se contrapone a la realidad de la toma de La Victoria, Las Lilas y otros sectores de la comuna, que posteriormente pueden acceder a un sistema de autoconstrucción como resultado de la implementación de políticas de vivienda de la época, hoy estamos enfrentados a una política de vivienda que privilegia la cantidad por sobre la calidad, llegando a la construcción de edificios de departamentos de 28 a 36 metros cuadrados en subdivisiones territoriales mínimas y sin equipamiento. Como consecuencia nuestros barrios pierden valor, anulando toda posibilidad de movilidad social. Hoy con un 17 % de personas que superan los 65 años, nuestra población requiere de un instrumento territorial que lo proteja y garantice su seguridad de que no van a ser desplazados por las condiciones del mercado, reflejadas en el valor del suelo y la especulación de la empresa inmobiliaria interesada en ubicar suelo barato a pocos kilómetros del centro de Santiago.

Desde el Gobierno Central, el PLAN REGULADOR METROPLITANO un instrumento de mayor valor que el PLAN REGULADOR COMUNAL, ha establecido la planificación territorial, vigente desde el año 1997 y que contempla diseños y propuestas que nos afectan, ensanches de calles y avenidas, creación de avenidas colectoras (más de 20 metros de ancho) a ambos lados de la vía férrea, fajas de protección eléctrica, etc. Nos permiten concluir que es necesario estudiar, proponer y modificar este instrumento que nos regula y condiciona nuestro desarrollo comunal.

Es por esto, que necesitamos que como vecino, allegado, propietario o arrendatario, pidas información y dejes tu opinión por escrito en tu Junta de Vecinos, acerca del proyecto de Plan Regulador Comunal y su proceso de aprobación. Nosotros hemos trabajado junto a los dirigentes vecinales, organizaciones funcionales y vecinales durante el año 2005, estudiando este proyecto e invitándolos a recoger la visión de la comunidad, además hemos entregado estas conclusiones a la SECPLAN del Municipio, ALCALDE, Concejales y dirigentes vecinales sobre las observaciones y necesidades que la comunidad necesita se incorporen a este instrumento de planificación.

Hoy vecinos, a junio de 2008 y teniendo este instrumento de planificación, terminado y aprobado por la comisión ( 9 miembros) ministerial (SEREMI) y municipio ( 8 votos a favor y una abstención), desde noviembre de 2006 , donde la consultora PULSO S.A. ha recibido sus honorarios y terminó su estudio de proyecto, estamos a la espera de una resolución de contraloría ( cuya última presentación la realizamos el 1 de abril de 2008) que pretende dirimir si le corresponde a la SEREMI o al Municipio terminar el proceso de aprobación de este PRC. asumiendo los costos del proceso, que aún incluyen comunicación a los vecinos afectados, asambleas informativas y votación del Concejo Municipal, por la aprobación o rechazo de este instrumento de planificación.

Mientras tanto estamos regidos por el Plan Regulador Comunal de cada comuna a la cual pertenecíamos territorialmente ( San Miguel, La Cisterna) y al Plan Regulador Metropolitano, el cual a actualizado los plazos de validez de todos los proyectos planificados. Esto nos afecta ya que no pudimos decir nada como comuna, ya que no contábamos con un PRC comunal aprobado.

Los costos asociados a este estudio son de $ 120 millones, que hasta hoy están en el tacho de la basura. Así se pierden los recursos del Estado y Municipio.








Adolfo Lacabe Ferrera
Comisión Plano Regulador Comunal

PARTES Y PRESUPUESTO MUNICIPAL

ESTIMADOS VECINOS DE PAC:
En esta oportunidad me ha correspondido Asesorar al Concejal Ernesto Araneda Briones, quién me ha solicitado participar de la comisión de finanzas del Concejo, abordando el tema "Proyecto de Presupuesto Municipal 2008". En el análisis de la Memoria Explicativa de este instrumento, resalta una asignación denominada "ingresos por infracciones cursadas por carabineros " MM$ 421.650,765, este valor es proyectado al año 2008, quedando a la vista una asignación perversa de acuerdo a un "ranking" de multas cursadas por las unidades de carabineros presentes en la comuna y más aún con un incentivo que el Municipio le otorga a Carabineros por servicios prestados. Con esta percepción de la comunidad, en que carabineros de Chile debe aportar con un monto de dinero al presupuesto Municipal, es un signo de "corrupción encubierta amparada en la Ley", identificada por los vecinos que "observan" como esta entidad pública sale a la "caza" de infractores, debiendo obtener un monto mínimo diario el que es "chequeado" por el ALCALDE desde su sistema operativo en" línea con el Juzgado de Policía Local". Si a esta situación sumamos la asignación de responsabilidad judicial ( Ley 20.008) MM$ 5.405.352 de beneficio del Señor Juez de Policía Local por "calificación de su función administrativa" y luego nos trasladamos a la interpretación de la Ley 19.816 Art. 200 Bis que señala Sic " iniciar de cualquier otra forma procesos por infracciones relativas a la velocidad, se establece un rango de tolerancia general de 5 kilómetros por hora, que deberá sumarse a los límites de velocidad del artículo 150. Esta interpretación que queda en manos del Juez de Policía local para calificar la infracción de grave o gravísima le permite "generar" recursos adicionales ya que la multa varía de 1 a 1,5 UTM falta Grave y Gravísima 1,5 a 3 UTM. (VALOR UTM $ 35.648) el límite para la calificación de la falta está en 5 Km por hora que pueden ser adicionados o no, a la velocidad permitida. Como Usted, VECINO DE PEDRO AGUIRRE CERDA puede observar, la LEY permite un acto corrupto en su génesis. ¿Cómo se nos pide respetar a la autoridad ( Municipio - Carabineros - Justicia) si están coludidos en un acto que perjudica la obtención de Justicia de los ciudadanos?.